Varios informes advierten que el desajuste macro-económico obliga a una fuerte emisión. Martín Guzmán elabora todos los planes con el supuesto de que se controla pandemia. Por eso es clave el abastecimiento.
Por Marcelo Bonelli para Clarín.
La inflación en la Argentina va camino a subir un escalón y será uno de los principales problemas del próximo semestre. Un informe secreto que elaboró el Indec admite que hay un recalentamiento de precios en la primera parte de diciembre. Existen aumentos fuertes en alimentos y la carne está generando a fin de año un dolor de cabeza.
Ese documento, elevado a Martín Guzmán, precisa que la primera proyección – en base a 15 días- da un índice del 3,6%. Pero no descarta un pico antes de fin de año.
Los privados están en esa sintonía. Sus informes reservados –para bancos y empresas– advierten sobre un ajuste fuerte para el futuro semestre.
Un paper de la consultora Orlando Ferreres admite que diciembre tendrá una inflación del 4%. Proyecta un piso mensual del 3% para el semestre.
Un trabajo del JP Morgan insiste en que la inflación llegará el año próximo al 50%. Los lobos de Wall Street aseguran una cuestión: el desajuste macroeconómico obliga a una emisión fuerte para financiar a la Argentina.
La cuestión encendió alarmas en la Casa Rosada: esas proyecciones pueden hacer añicos el plan electoral de Alberto Fernández basado en la reanimación económica. También provocó reacciones en el Instituto Patria. Cristina instruyó a sus funcionarios para frenar cualquier aumento de tarifas.
La vicepresidenta maneja los entes de energía y les dio una orden: no avalar ningún ajuste de tarifas y –si fuera necesario– postergarlos hasta después de las elecciones.
Cristina reflotó esa antigua –y dañina en el mediano plazo– propuesta de congelar tarifas, porque no quiere correr la suerte de su archirrival. Mauricio Macri perdió un fuerte caudal electoral a fuerza de recomponer los servicios públicos.
El líder del PRO –ahora de vacaciones en el Sur– entró en una etapa mística de auto-justificación de su mandato. En privado y a sus amigos –como también lo hace Cristina- les comenta que buena parte de la culpa de su fracaso para ser reelecto fue la difusión de noticias adversas a su gestión.
Ambos –Cristina y Macri– comparten una teoría conspirativa que fomentó inicialmente Domingo Cavallo: que la explosión de la convertibilidad era culpa de periodistas que difundían sus inconsistencias económicas.
Martín Guzmán prometió al Presidente una recuperación fuerte para el 2021. El Presupuesto habla de un tímido rebote del 5%, pero en la intimidad de Olivos se apuesta a un crecimiento superior al 7%.
Un “memo” secreto del Palacio de Hacienda promete tranquilidad cambiaria, augura mejoras de salarios, recomposición de jubilaciones y boom de la construcción.
La euforia obedece al exitismo propio de los círculos de funcionarios. Había satisfacción porque una nota de Reuter habló de que Guzmán “salvó a la economía argentina”.
Las exageradas definiciones forman parte de las adulaciones propias del mundo del poder. Hace unos años se decía que Luis Caputo era “el Messi” de las finanzas. Unos meses después lo echaron por pedido de Christine Lagarde.
En Argentina, muchos políticos se conforman con victorias parciales y triunfos “pírricos”. En la jerga del fútbol, piensan como “equipo chico”. Es cierto que Guzmán logró frenar la corrida cambiaria y también –después de un largo y desgastante proceso– cerrar la deuda externa. Esto le generó un aval de Alberto. Pero esas cuestiones no han solucionado ningún problema de fondo de la Argentina. Aún no existe un programa económico para crecer y las variables centrales siguen desbordadas.
Argentina paga la tasa récord del 16% para colocar un bono, y el riesgo país está en el sideral valor de 1.386 puntos. La brecha toca el 80% y las fuertes dudas futuras hacen que el BCRA esté seco de reservas. Lejos se está de una economía salvada.
El martes, Alberto le envió una misiva a Angela Merkel. Tiene seis párrafos y en ese texto le confirma que estarán los fondos para la construcción de la obra Chihuido, a cargo del consorcio alemán Helport.
La misiva refleja una definición política: la Casa Rosada buscará reanimar el empleo con la obra pública. Este año la construcción perdió 120.000 obreros. El plan de recuperación oficial tiene muchas acechanzas. Primero, se deberán erradicar las causas de fondo de la corrida. Hasta ahora, y en la urgencia, se solucionó con alquimia financiera.
También se tendrá que despejar otra incógnita central: cómo se va a controlar el rebote sanitario, que ocurre en todas partes.
Guzmán elabora todos los planes con el presupuesto de que se controla el Covid. Por eso es clave el abastecimiento de vacuna.
La Casa Rosada cometió un papelón en el manejo de la Sputnik V. Empezó con los desacertados anuncios del Presidente. Maniobras de marketing de elemental alcance. En Olivos, se reabrió una discusión: eventuales cambios de algunos ministros en el Gabinete. El titular de Salud le envió una nota al empresario Nicolas Vaquer, general manager de Pfizer en la Argentina. El texto reclama que se cumpla el abastecimiento comprometido. Un total de 3 millones de dosis.
Ginés González García responsabilizó a Pfizer de incumplimiento y relata en la misiva los pasos dados por la Casa Rosada para facilitar los experimentos en el Hospital Militar.
Vaquer respondió la carta del ministro. Utiliza un tono conciliador y vuelve a reclamar dos exigencias imprevistas: que Argentina deposite un pago previo de 20 millones de dólares en Manhattan y que se amplié la ley que otorga garantías al laboratorio.
González García contragolpeó: dijo que el dinero estaba disponible y que era imposible cambiar ahora una ley porque lo pedía Pfizer.
La cuestión refleja una situación difícil: existe en el mundo una despiadada guerra de los laboratorios por el medicamento contra el Covid.
Y se agrega otra cuestión: los países centrales –que tienen un 14 % de la población global- compraron el 54 % del total de las vacunas del 2021. La carrera de lucro y la pelea por el abastecimiento eran previsibles. Sería ingenuo que no ocurrieran.
Kristalina Georgieva confirmó un anticipo de Clarín: el FMI no cerrará un acuerdo hasta que Argentina tenga un plan de estabilización y crecimiento.
La funcionaria lo afirmó de manera elíptica. Pero se garantizó una cuestión: extender los plazos de negociación y así poder auditar si Alberto cumple con lo ya pactado con el FMI.
Una de las promesas es la recomposición de las tarifas. Cristina no quiere avalar un aumento. El otro compromiso es lograr un acuerdo con la oposición para aprobar un plan fiscal “plurianual”.
Las exigencias obedecen a que la cúpula del FMI visualiza un problema grave: las fuertes internas que tiene la coalición gobernante.
Para el FMI provoca dudas y genera interrogantes sobre la propia gobernabilidad de la Casa Rosada.
También estas inquietudes están en el mundo empresario. Existe mucha actividad política en la UIA. Héctor Méndez –tres veces titular de la UIA- elevó la renuncia al comité de conducción de la central fabril. También dejó el liderazgo de la agrupación Celeste y Blanca. El texto de la dimisión es formal y escueto. Pero Méndez dejó trascender que se va por diferencias con Miguel Acevedo. El ex titular de la central fabril cuestiona una cosa: la ausencia de críticas y el excesivo acercamiento político a la Casa Rosada.
